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La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha destacado en el Parlamento, que la nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía “consolida y universaliza el sistema público de los servicios sociales, creando una arquitectura de servicios con carácter universal y de derecho subjetivo de las prestaciones, con lo que consolidamos el cuarto pilar del estado del bienestar”.

 

Así lo ha expuesto la titular de la consejería, María José Sánchez Rubio, en su comparecencia parlamentaria para informar sobre el desarrollo de la Ley 9/2016 de Servicios Sociales de Andalucía.

 

Antes de entrar de lleno en el contenido de la ley, ha aclarado que el desarrollo de esta ley ya está en marcha y que muchas de las cuestiones se recogen en el Plan Estratégico de Servicios Sociales, a cuya elaboración acaba de dar luz verde el Consejo de Gobierno.

 

Sánchez Rubio ha recordado que, no obstante, un año después de la aprobación de la citada ley, la Junta ha puesto ya en marcha instrumentos “tan importantes y necesarios” como la Renta Mínima de Inserción Social que, tras ser convalidado por la Diputación Permanente, se ha convertido en una “ley muy esperada por un sector de la población que está en situación o riesgo de exclusión, siempre acompañada de un plan de incorporación al mercado laboral”.

 

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha instrumentos como la Renta Mínima de Inserción Social

 

Junto a este instrumento, ha destacado la creación del Mapa de Servicios Sociales de Andalucía, que verá la luz en las próximas semanas, junto con la Estrategia Regional de Intervención en Zonas Desfavorecidas para facilitar la inserción sociolaboral de la población en situación o riesgo de exclusión social y que se está elaborando con la colaboración de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). La administración andaluza ya ha identificado cuáles son las zonas de actuación y en marzo próximo prevé publicar una convocatoria de concurrencia no competitiva para que las entidades locales de más de 20.000 habitantes y las diputaciones provinciales con zonas desfavorecidas, elaboren Planes locales de intervención en dichas áreas.

 

En la Comisión ha resaltado también la Estrategia de Ética de los Servicios Sociales, una iniciativa que ha calificado de “muy interesante” para los profesionales y las personas usuarias de los servicios y que está vinculada con la Carta de Derechos y Deberes de las personas usuarias de los servicios sociales.

 

El objetivo es agilizar la gestión con criterios de simplicidad, mayor eficacia y eliminación de obstáculos a las actividades de prestación de servicios sociales

 

También, en el marco del desarrollo normativo, se han aprobado sendos decretos que regulan la composición y el régimen de funcionamiento del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía y de la Función Inspectora en esta materia. Además, está pendiente de aprobar próximamente el decreto que regula la figura del concierto social y que está pendiente del informe del Consejo Consultivo.

 

Igualmente se han producido “considerables avances” en el proyecto de decreto del reglamento de comunicación, autorización y acreditación administrativa de los servicios y centros y del registro de entidades, centros y servicios sociales.

 

Protocolos

La titular de la consejería ha enumerado los protocolos que se están elaborando en desarrollo de la ley, algunos de los cuales ya existen en el ámbito de los servicios sociales especializados. Estos documentos son uno de intervención específica para la prevención y atención en situaciones de necesidad y urgencia o emergencia social, otro de coordinación con otros departamentos de la Administración (educación, salud, empleo, vivienda, justicia y fuerzas y cuerpos de seguridad) y, por último, los de actuación para aquellas situaciones que, por su mayor frecuencia o por su gravedad, generen conflictos éticos.

 

Fuente: Junta de Andalucía.

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